Se conocieron los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, cuyos jueces por mayoría le dictaron una pena a 15 años de cárcel por el transporte de una carga de casi 494 kilos de marihuana secuestrados en Río Negro

Esteban Lindor Alvarado, de 43 años, fue condenado en la Justicia federal a principios de junio a 15 años de cárcel  como organizador del delito de transporte de estupefacientes. Fue la segunda condena en una semana, la primera fue a prisión perpetua y la dictó la Justicia provincial como jefe de la asociación ilícita y otros crímenes. La sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario (TOF2), integrado por Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez, fue por mayoría. El voto en disidencia fue de Paulucci.

Este proceso fue el correlato de otro que se llevó adelante en General Roca, provincia de Río Negro, contra cuatro hombres por el traslado en una camión Scania que llevaba un cargamento de 494 kilos de marihuana en noviembre de 2017. Fueron acusados el camionero Jesús Rodríguez, su acompañante Marcos Rodríguez y dos hombres que iban en un auto haciendo las veces de custodia, identificados como José Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni. Todos fueron condenados, la pena mayor fue para Ianni a más de seis años de cárcel.

En Rosario, entre otras causas que están en proceso en el fuero federal se investigó a Alvarado como el organizador del transporte de esa droga al sur del país, el cual terminó condenado por el TOF2 por dos votos contra uno.

En los fundamentos del fallo, el tribunal dijo que la organización delictiva de Alvarado fue utilizada para realizar el transporte de marihuana. Explicaron que el traslado de la droga se llevó adelante utilizando como instrumento una estructura organizada de poder, la cual coincide con la asociación ilícita dedicada a múltiples delitos que van desde homicidios hasta lavado de activos juzgada en sede provincial por la que Alvarado fue condenado a principios de junio como jefe, a la pena de prisión perpetua.

Dijeron que esta organización fue probada en el fuero provincial: Rosa Capuano, socia de Logística Santino y ex pareja de Alvarado; Jorge Benegas, el medio hermano de Alvarado Gustavo Ramos, Ricardo Ianni junto a otros 18 miembros, fueron condenados a través de acuerdos abreviados.

El tribunal explicó que 21 personas terminaron condenadas en el ámbito provincial mediante abreviados y otras seis, incluido Alvarado en un juicio oral y público entre otros delitos por asociación ilícita. Esta organización se mantuvo activa en hechos de suma gravedad desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre de 2019 y el transporte de drogas se llevó a cabo en noviembre de 2017, es decir dentro del periodo de actividad de la banda.

En el rol de integrantes de la asociación, se repartieron: quienes integraban el estamento operativo y logístico. Quienes integraban el estamento a cargo de la gestión y administración y disposición de bienes, en este grupo se encuentran las personas que forman el entramado de empresas y, quienes con sus aportes permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para su beneficio ilícito, respecto de las cuales Alvarado ejercía influencias de diversa forma. En este grupo se encuentra la pata policial de la banda, donde siete uniformados de la Policía de Santa Fe fueron penados en acuerdo abreviados.

Una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que declaró en la causa contó que la investigación por el crimen de Lucio Maldonado, cometido en noviembre de 2018, derivó en un allanamiento a una quinta en el paraje Los Muchachos donde se secuestró documental de contenido patrimonial y se profundizó en esa línea.

De ella surgió que Alvarado se desempeñó como empleado en relación de dependencia de la empresa Sagrado Corazón de María SRL desde agosto de 2017 hasta marzo de 2019 (una de las socias era su hermana) y el transporte de marihuana se produjo en noviembre de 2017 cuando ya gozaba de salidas laborales tras cumplir una condena por robo de autos de alta gama en Buenos Aires.

Contaron que la chacra estaba a nombre de su hermana y su pareja que al morir esta le cedió la propiedad a los hijos de Alvarado y éste último obtuvo la nuda propiedad, es decir la titularidad. Para el tribunal es llamativo que el empleador le ceda una propiedad de cuatro hectáreas a su empleado y la firma Sagrado Corazón de María está relacionada con servicios de la salud, actividad que en ningún momento Esteban Lindor Alvarado mencionó desarrollar.

Explicaron que si bien Logística Santino SRL (cuya socia era Rosa Capuano) tenía 9 vehículos registrados se comprobó que prestaban servicio con 24 de ellos lo que correspondían a otras empresas del conglomerado y el Scania utilizado en el transporte de marihuana pertenecía a la firma Toia SRL, el que a su vez era utilizado por Edra Servicios Logísticos SRL y por Benegas.

Para los jueces ello prueba de forma directa el dominio que Alvarado tenía sobre esas sociedades y a través de ellas sobre el camión en cuestión. El tribunal desentrañó el cruce de operaciones entre las empresas, empleados y beneficiarios, en las que observaron maniobras donde el imputado dirigió y coordinó a terceras personas para que figuraran como titulares registrales de los bienes, pero que en la realidad los beneficiarios finales resultaron ser el mismo Alvarado, su ex esposa Rosa Capuano y sus hijos; lo que en definitiva ratifica el rol de organizador y líder que tenía Esteban Lindor Alvarado sobre la estructura criminal.

El tribunal hizo hincapié en el testimonio de Rodrigo Ortigala, quien supo ser cercano a Alvarado, y el vínculo terminó tras una relación sentimental que mantuvo con Capuano. Cuando Alvarado se enteró hubo un ida y vueltas de agresiones, denuncias, e intentos de perjudicar al otro de múltiples formas. Éste contó distintos hechos que conoció a través de Capuano, el abogado Claudio Tavella –condenado en la asociación ilícita–y el mecánico Carlos Argüelles, testigo arrepentido y asesinado en 2021.

Este hombre dijo que Alvarado lo obligó a firmar un boleto de compra venta de una casa que tenía en Roldán que luego terminó como propiedad de la firma Toia SRL que fue hecho por Tavella. El tribunal recordó que este abogado fue quien se encargó inicialmente la defensa de las personas que transportaban la marihuana.

El testigo habló de la existencia de búnkers y aseguró que el mayor flujo de plata venía de esa actividad. “Una vez le pregunté cuánta plata ganaba y me dijo no sé la plata que gano, no tengo gente para contar la plata, no me quieren contar la plata, no sabemos la plata que ganamos. Ni ellos tenían control de la plata que ganaban, era imposible calcularla”, remarcó.

Respecto al territorio contó que de bulevar Seguí para el sur era de otra gente, hacía el norte de él. Dijo que vendían de allí hasta la ciudad de San Lorenzo y después se fue extendiendo mucho más. Agregó que, según lo que le contó Capuano, iba a buscar droga a los campos que era tirada desde avionetas. En cuanto a los policías que trabajaban para la organización dijo que Alvarado los conocía a todos por el tema de los autos, después pasó a la droga y entre la Policía se van pasando el dato.

El tribunal sumó la declaración de Argüelles que hizo como anticipo de prueba en los tribunales provinciales. “En los búnker que había, en esta locura de su vida, a la gente se la mataba en la puerta, porque esa era la manera de que dejaran de vender. Si mataban a alguien, iba la Policía, allanaba y lo cerraba, entonces él seguía acaparando territorio. Recuerdo que había tres chicos que estaban en un rastrojero comprando droga en un búnker y los acribillaron a los tres, para hacer cerrar un búnker. Vino y me lo contó personalmente a mí”, sostuvo el mecánico.

También se refirió al secuestro seguido de muerte de Cristian Enrique en Pérez. “Es un chico que secuestraron, torturaron y mataron y lo tiraron en Soldini. En teoría este chico hizo algo malo que lo relacionaba con Lucio Maldonado. ¿Por qué sé que está relacionada la muerte de Enrique con la de Lucio y que está Esteban atrás de esto? Lo sé porque me lo contó personalmente, que se encargó otra gente, de algunas cosas. Me llevó a buscar unos repuestos de un Focus blanco, sí, no recuerdo bien si yo ya tenía el auto, chocado, creo que está a nombre de Tavella, el abogado, ese coche.”

Y agregó, “querían usar unos repuestos de un auto que tenía él ahí, para arreglar otro que me tenían que traer de Buenos Aires, que me lo mandaron después que él ya estaba fugado, a ese coche. En ese encuentro, miro el auto, y en asiento trasero había un charco muy grande de sangre, más bien en la alfombra debajo del asiento trasero derecho había mucha sangre, y le pregunté: ¿De quién era esa sangre? ¿Qué había pasado, le rompieron la cabeza a alguien?”, y él me dice: “Este es el auto en el que secuestró a Enrique”.

El tribunal destacó que muchas de las personas que iban a visitarlo a la cárcel mientras estuvo cumpliendo condena por dirigir una banda dedicada al robo de autos, luego fueron condenados como miembros de la asociación ilícita encabezada por él, un testigo contó que más que ir a visitarlo iban a ver al jefe.

También recibió visitas de personas que terminaron vinculadas a causas por narcotráfico como Pablo Esteban Ramírez, Gabriel Esteban Zilli, Gustavo “Tuerto” Cárdenas, Carlos “Negro Cali” Paz, refiere el fallo.

“Hemos visto durante el desarrollo de los considerandos sobre materialidad y participación criminal, cómo Alvarado armó y dirigió una estructura organizada de poder que utilizó como instrumento para varios fines: 1) llevó adelante varias de sus actividades delictivas, y por varias de ellas fue condenado en sede provincial, 2) administró y le dio ropaje legítimo a los beneficios de esa actividad ilícita; 3) le sirvió de escudo o protección para evitar la responsabilidad de esas actividades delictivas”, describió en sus fundamentos el TOF2.

Y agregaron “hemos visto cómo Alvarado dio vida a Logística Santino SRL, Edra SRL, Toia SRL y Logística TSC utilizando a personas bajo su dominio para la integración, también se valió de Sagrado Corazón de María SRL, que no creó pero sobre la que tomó dominio (ya se mencionó que la propiedad rural de Paraje Los Muchachos, relacionado directamente con la muerte de Lucio Maldonado y por la cual se condena a Alvarado, es transferida por los socios de esta empresa a los hijos de Alvarado –la nuda propiedad- y a él el usufructo de poder fue el transporte de 493 kilogramos de cannabis sativa secuestrado en Río Negro”.

Para los jueces federales también generó empresas unipersonales en cabeza de personas allegadas y de confianza, como Transporte Benegas a nombre de Jorge Antonio Benegas, ubicado como segundo en jerarquía de la asociación ilícita por la cual fueron condenados. En ninguna de ellas, formalmente figura Esteban Alvarado, pero toda la prueba muestra de que detrás de todas ellas está el dominio y uso que les daba.

Una estructura fuertemente jerarquizada y concentrada en la figura de Alvarado y seguido por Benegas como replicador de sus decisiones, especialmente cuando el primero se encontraba privado de su libertad. Esta estructura le permite “por un lado tener mayor control por parte de la cabeza de la organización y por el otro, dotar de una flexibilidad en el interior de cada una de las áreas.”

El grupo además tenía funciones específicas: 1) área jurídica a cargo de Claudio Tavella se ocupaba de usufructuar ilegalmente el título y cargo de abogado para acceder a información y manipular bienes y recursos, todo en pos de la obtención de beneficios lícitos e ilícitos para la asociación. 2) Asesoramiento financiero, contable y tributario integrado por los contadores públicos Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, 3) Sección empresaria (integrada por las empresas antes mencionadas), 4) sección operativa (tareas operativas y logísticas para todo tipo de delitos, como obtener vehículos y su acondicionamiento como el caso de Argüelles, y muchos otros mencionados por la funcionaria del MPA; 5) sección construcción u obras de ingeniería, compuesta por Greci Hazzi y Cesar López Coronel, y por último 6) Seguridad, como una unidad externa constituida por un grupo de policías que mediante diversos aportes desviaban las investigaciones de los distintos delitos ordenados por Alvarado, detallaron los fundamentos del fallo.

“En la autoría mediata, el dominio del hecho requiere que todo el proceso se presente como obra de la voluntad rectora del «Hombre de atrás» y que éste tenga en sus manos, gracias a su influjo, al intermediario del hecho”, remarcó el Tribunal.

“En lo específico, esa estructura organizada de poder que se ha recreado precedentemente, le permitió a Esteban L. Alvarado llevar adelante el transporte de 493,937 kilogramos de marihuana, utilizando bienes propios pero que estaban a nombre de otros sobre quienes tenía dominio”, afirmaron y resolvieron condenarlo por dos votos a favor y uno en contra.

Otmar Paulucci coincidió con sus colegas en cuanto a la existencia de la estructura criminal liderada por Esteban Alvarado, pero para el juez esta circunstancia no resulta determinante y absoluta para atribuirle la participación como organizador del transporte de estupefacientes secuestrado en noviembre 2017.

“En ese orden de ideas, cabe poner de resalto que la organización del tráfico de estupefacientes es una actividad delictiva independiente a la asociación ilícita y al lavado de activos”, dijo.

Para el juez no existieron pruebas incriminatorias suficientes para acreditar que Alvarado participó en la planificación, preparación y coordinación del transporte de ese cargamento. En la parte resolutiva de la sentencia dictada en General Roca la Magistratura consideró que Ricardo Ianni fue quien coordinó el transporte a gran escala. Jesús, Esteban Rodríguez y José Dimarco fueron partícipes secundarios.

“El entramado de sociedades que entretejió Estaban Alvarado y su vinculación con determinadas personas que participaban en actividades delictivas, no permiten sostener que el acusado tuviera un dominio organizacional sobre ese transporte de estupefacientes”, aseguró el magistrado federal.

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